Casi la mitad de las casas ilegales de Jerez no se podrán regularizar

lavozdigital.es

El decreto de la Junta solo abre la puerta a la legalización de 237 viviendas en la zona rural, y solo 33 de ellas de forma directa

AL DETALLE

Viviendas cuya legalización ya está contemplada en el PGOU. Son unas 600 ó 700 viviendas de los denominados Hábitat Rural Diseminado cuya regularización ya está en marcha a través de los planes especiales y que se ubican en Añina, Baldío Gallardo, Cañada del León, Cuartillos este,Gibalbín Sur, La Inmaculada, Mesas de Santa Rosa, El Mojo, El Polila, Las Pachecas, Puente de la Guareña, Rajamancera y Las Tablas.

Viviendas que no se legalizarán porque son posteriores a 1975 y están en vía pecuaria. Son un total de 381 casos que solo podrían regularizarse si se modifica la actual LOUA. Son viviendas de Las Tablas oeste, El Cuervo sur, Gibalbín norte, Alenar Cuartillos, Depuradora de Cuartillos, Mesas del Corral este, Torrecera Baja norte y oeste, Cañada del León oeste, Las Pachecas norte y sur, Cañada del Carrillo, Hijuela de las Coles, Las Quinientas, Cañada de Puerto Real.

Viviendas que no se legalizarán porque están en suelo de especial protección o inundable. Son un total de 84 en Cerro de Mesas de Asta y La Greduela.

Viviendas que no se legalizarán porque se han formado en parcelaciones urbanísticas ilegales. Suman unas 168 en Magallanes Bajo, Zarandilla y Los Lagos norte y sur.

Viviendas que se legalizarán de forma directa gracias al decreto de la Junta. Son un total de 33 y están todas en El Mayorazgo.

Viviendas que sí se podrían legalizar al considerarse edificaciones aisladas, siempre que hubieran prescrito los expedientes sancionadores. Se tienen contabilizadas unos 82 casos en el entorno de Cartuja, Los Cejos, los alrededores de La Inmaculada, Mesas de Santiago, El Palomar.

Viviendas que sí se podrían legalizar, aunque hay que analizar si se podrían considerar como huertos familiares o legalizar viviendas. Son un total de 122 casas en Berlanguilla-La Barca, Cerrado Llano, Huertos de La Bara y Huertos de Torrecera.

«No es cuestión de ser negativos, pero el decreto aprobado por la Junta para regularizar viviendas ilegales no responde a las características de este problema en Jerez». El delegado de Urbanismo, Antonio Saldaña, insistió ayer en la primera valoración que realizaron en su momento desde el Ayuntamiento de la nueva normativa, y lo hizo sustentando en datos contundentes su afirmación. No en vano, de las alrededor de 1.500 edificaciones ilegales que existen en el término municipal solo un escasísimo 2% (un total de 33 casas) podrían iniciar de forma directa los trámites para cambiar su situación. El resto, o directamente no puede hacerlo porque no cumple los requisitos (633 casos, lo que supone un 42% del total), o habrá que estudiar caso por caso para ver si se busca una fórmula (237 casos) o han iniciado ya el proceso por medio de otros trámites distintos a este decreto recién aprobado.

Respecto a último supuesto, Saldaña recordó ayer que alrededor de 600 ó 700 viviendas de 13 núcleos rurales se podrán regularizar a través de la figura del hábitat rural diseminado que se incluyó en el PGOU de Jerez, un paso que ahora también permite el decreto de la Junta para el resto de Andalucía pero que «aquí ya habíamos iniciado». Para ello, hasta la fecha se han aprobado los planes especiales de Cuartillos y Mesas del Corral, y el de Gibalbín está pendiente porque «no está desafectada la cañada, un trámite en manos de la Junta».

En la misma línea, se están redactando los correspondientes a Añina, La Inmaculada, Mesas de Santa Rosa y el Polila, que finalizarán en febrero, por lo que desde el Ayuntamiento le piden al gobierno andaluz que haga su parte y facilite tanto la aprobación de los planes especiales como la desafectación de las vías pecuarias.

En lo que respecta a las casas ilegales que están fuera de ordenación, es decir, no reconocidas en el PGOU, un total de 870 edificaciones a las que el decreto podría dar respuesta, el delegado de Urbanismo recalcó ayer que solo en 33 viviendas de El Mayorazgo se podría iniciar el proceso de regularización de forma directa al ser edificaciones aisladas.

Con algunas condiciones que habría que estudiar caso por caso, la cifra de casas que se podrían legalizar si se consideran como edificaciones aisladas -siempre que hubieran prescrito los plazos para la protección de la legalidad (los posibles expedientes sancionadores)- y que se podrían considerar las zonas como huertos familiares o legalizar viviendas es de 204. Como apuntó ayer el delegado de Urbanismo, «en el mejor de los casos los casos que se beneficiarían apenas suman un 15%».

El resto de las viviendas que no podrán legalizarse según el decreto suman un total de 633, un 42% de casos que no cumplen los requisitos bien por encontrarse construidas en vía pecuaria o ser posteriores a 1975 (381 edificaciones); o bien por estar construidas en suelo de especial protección (es el caso de Mesas de Asta y la normativa de la Consejería de Cultura) o inundable (La Greduela), que suman 84 casos; o que se han formado en parcelaciones urbanísticas ilegales, en total 168.

Para los anteriores casos, desde el PP piden una profunda reforma del POTA (Plan Ordenación del Territorio de Andalucía) y la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), que reconozca la realidad del problema posterior a la fecha de 1975 y esos casos que se quedan fuera de todos los supuestos. En los casos de los espacios protegidas por la legislación cultural o los que están en dominio público (como la ribera del Guadalete), desde el Ayuntamiento le piden a la administración andaluza que clarifique criterios y que, en el caso de las zonas inundables, «se estudie si se pueden modificar y merece la pena realizar inversiones para acotarlas, o si es preferible proceder a la reubicación de las familias que viven en esa situación».